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MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
 
 
                       
 

A continuación, le desarrollamos las medidas más destacables en relación a los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, derivadas del Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril:


1.- Arrendamientos con “grandes tenedores”
 
Por estos últimos se entienden personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2

En el plazo de un mes a contar desde el 23 de abril, esto es, hasta el 23 de Mayo, y para el caso de que no haya podido alcanzar un acuerdo previo, tendrá derecho el arrendatario a una moratoria en el pago de la renta mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.
Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas.

2.- Otros arrendamientos con aquellas personas físicas o jurídicas que NO tengan la consideración de “grandes tenedores”.

En el plazo de un mes a contar desde el 23 de abril, esto es, hasta el 23 de Mayo, podrá el arrendatario solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.
También en el marco de los acuerdos que hayan podido alcanzar las partes el arrendador podrán disponer libremente de la fianza que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

3.- Para acogerse los arrendatarios a cualquier de los procedimientos señalados deberán de reunir los siguientes requisitos:
 
  • Autónomos:
    • Estar afiliado y dado de alta, en el momento de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el especial de los Trabajadores del Mar o en una de las Mutualidades sustitutorias.
    • Que su actividad haya quedado suspendida por razón del estado de alarma.
    • Si la actividad no ha sido suspendida, deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que solicita el aplazamiento en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes, pero referido al año anterior.
 
  • Pequeñas empresas:
    • No deben superar cualquiera de estos límites que contempla la legislación mercantil:
      • Que su activo no supere los 4 millones de euros.
      • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
      • Que el número de medio de trabajadores, durante el ejercicio, no sea superior a cincuenta.
    • Que su actividad haya quedado suspendida por razón del estado de alarma.
    • Si la actividad no ha sido suspendida, deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que solicita el aplazamiento en, al menos, un 75% en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes, pero referido al año anterior.

4.- Acreditación de Requisitos:

La reducción de actividad deberá acreditarse a los arrendadores mediante una declaración responsable, con base en información contable y de ingresos y gastos, demostrativa de la reducción de la facturación mensual arriba mencionada. El arrendador podrá exigir la exhibición de libros contables.
La suspensión de la actividad se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Tributaria u órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre la base de la declaración de cese de actividad.

Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.


Para cualquier aclaración estamos a su disposición.
 
 
Desde Aequus Abogados les seguiremos informando de todas las novedades que vayan surgiendo durante este período, deseando que recuperemos la normalidad lo antes posible por el bien de todos.

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